La sociedad española se encuentra en un contexto de crisis global ecológica, social y económica de gran complejidad en sus causas, interrelaciones y consecuencias. Las distintas soluciones puestas en marcha deben abordar estos problemas desde todas las escalas y ámbitos posibles: pese a que en gran medida son las Administraciones y las empresas quienes tienen en un mayor impacto en sus actuaciones, las acciones individuales y colectivas llevadas a cabo en la vida diaria de las personas son también decisivas.

En este contexto, la educación ambiental constituye una herramienta clave como palanca de cambio del ideario colectivo con el objetivo de concienciar acerca de los impactos en el medio ambiente que implican nuestras decisiones individuales como ciudadanos y ciudadanas, así como el entendimiento de nuestro planeta como nuestro hogar común al que respetar y salvaguardar.

Su objetivo fundamental es, de acuerdo a la Carta de Belgrado (1975) promovida por la UNESCO, “formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos”.

La 63ª Asamblea General de la UNESCO aprobó en 2003 la Declaración de Hamburgo, donde se conmina a las instituciones económicas, de investigación, civiles y educativas a colaborar en la consecución de una nueva conciencia sostenible a través de la educación ambiental.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la ONU reconocen en su meta 4.7 del ODS 4 sobre la educación la importancia de una Educación para el Desarrollo Sostenible y los enfoques relacionados.

En el contexto de la legislación nacional y la educación formal en las aulas, la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) desarrolla los currículos básicos de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato a través de los Reales Decretos 126/2014 de 28 de febrero y 1105/2014 de 26 de diciembre, respectivamente. En ellos, aspectos sobre la sostenibilidad ambiental son tratados de manera transversal en distintas materias.

En materia de Legislación Local la Cooperación por parte de la Administración Local en la prestación del servicio educativo y en la realización de actividades o servicios complementarios , donde se pueden enmarcar estas actuaciones ,lo recoge expresamente el Capítulo VI del Real Decreto 2274/1993, que no van en contra de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y por lo tanto permite un marco jurídico legal ideal para prestar este servicio.

También es acertado mencionar  que a través del Consejo Escolar se proponga la firma de convenios de colaboración con el CENEAM, Agenda 21 Escolar y la Red de Ecoescuelas , organismos oficiales gubernamentales y no gubernamentales que tienen una amplia experiencia en promover actividades de carácter estratégico-ambiental y que no tienen impacto económico en las arcas municipales , todo esto dentro del marco jurídico del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, por el que se establece el marco de ordenación de la cooperación de las Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia en materia educativa y la  prestación del servicio educativo en la realización de actividades o servicios complementarios y Convenios.

Por eso propondremos que desde el Consejo Escolar se firmen Convenios de Colaboración con:

- La Consejería de Educación de la Comunidad autónoma para que, vía esta, se realicen actividades de educación Medioambiental con el CENEAM.

- La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma para adherir a todos los centros educativos de este Ayuntamiento en el Programa “Agenda 21 Escolar”.

- Adherir a los Centros Educativos del Ayuntamiento de Bezana a la Red de Eco-escuelas en España.

Y la programación de actividades educativas Medio Ambientales a realizar por el Ayuntamiento, en los locales e instalaciones de los centros docentes públicos del término municipal, fuera del horario escolar previsto en la programación general anual. A estas actividades se dotará de una partida presupuestaria del Presupuesto general, para la ejecución de estos programas.

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